El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamérica (IERAL), motivado por la necesidad de dimensionar las dificultades del sector prestacional de la salud, propuso la construcción de un índice de costos y un índice de ingresos para Córdoba, con la colaboración de los propios actores del sector salud. Este artículo responde a una serie de publicaciones trimestrales, sujeto a la disponibilidad de datos, que monitorea la dinámica de los costos e ingresos, evidenciando la realidad en la que se encuentran inmersas las clínicas de gestión privada de Córdoba.

En 2019 el clima coyuntural estuvo nublado de incertidumbre, devaluación, cepo cambiario, impuesto PAIS, reperfilamiento y reestructuración, además de los cambios en el Poder Ejecutivo Nacional, temas económicos y políticos que no fueron ajenos al sector salud. En este contexto, se agravó la situación de asfixia financiera que padece el sector de servicios médicos, requirente de incentivos para garantizar eficiencia, equidad y calidad en sus prestaciones.

En Córdoba, el sector de atención médica privada se encuentra afectado por esta situación común a nivel nacional. No obstante, los estudios que capturan los costos de las clínicas privadas no reflejan las particularidades de los prestadores locales. Al igual que tampoco se disponía de un índice que permita monitorear la evolución de los ingresos y posibilite dimensionar la brecha existente. El resultado tras dos años de monitoreo reviste severa preocupación, solo en 2019 la brecha entre costos e ingresos fue del 37%. Es decir, los ingresos crecieron por debajo de los costos y para sanear esta brecha, los ingresos de los prestadores hubieran requerido estar un 37% por encima de lo que cerró el año.

Accedé al informe completo AQUÍ. 

¿Cuáles son las conclusiones centrales?

El sector salud en Córdoba se encuentra sumergido en una crisis prolongada, cuyo origen se encuentra en aquellos factores estructurales de larga duración. En el último tiempo, la crisis se ha profundizado debido al continuo desfase de los precios relativos. Esta desarticulación de los precios, dada por las constantes devaluaciones y elevados niveles de inflación, ha perjudicado los ingresos percibidos por el sector. Estos han quedado rezagados en comparación con los aumentos en el nivel general de precios, mientras que los costos afrontados por el sector han aumentado por encima de la inflación, agudizando aún más la situación.

En la misma línea, las políticas económicas y tributarias que el sector enfrenta, distorsionan las reglas de juego de la actividad.

Por otro lado, los salarios de los prestadores de atención médica no son suficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo, generando entornos adversos hacia adentro del sector. Por otro lado, los prestadores no pueden trasladar el incremento de costos a los financiadores. Sólo pueden hacerlo mediante negociación de aranceles médicos. No obstante, el aumento de aranceles implica incrementos en los planes de salud, los cuales son regulados por la Superintendencia de Servicios de la Salud. De esta manera, los prestadores quedan atrapados en múltiples negociaciones con el Ministerio de Trabajo y sindicatos por los salarios, con los financiadores por los aranceles y con autoridades por el precio de los planes de salud, encontrándose acorralados económicamente.

En suma con lo anterior, el pago recibido por los prestadores no es automático sino diferido entre el momento que presta sus servicios y el momento en que cobra por ellos. Esta mora implica un costo financiero adicional en torno al 15% trimestral. A ello, se le suma el envejecimiento poblacional, en que los prestadores privados reciben cada vez mayor afluente de pacientes ancianos altamente demandante de servicios.

La situación no se observa sostenible si la desarticulación de los precios relativos del sector se mantiene en el tiempo. La incertidumbre política y económica está latente. En cuanto al reciente Impuesto PAIS, los gastos referidos prestaciones de salud y compras de medicamentos están exentos. No obstante, se ignoran los costos de inversión en tecnología e infraestructura que están directamente ligados a las variaciones en el tipo de cambio. Además, intriga qué sucederá con las tarifas de los servicios públicos a partir del mediados de 2020.

Es indispensable la reformulación de las políticas económicas y tributarias existentes para apoyar a un sector tan necesario que está entrando en una zona de colapso, donde los incentivos para brindar un servicio de salud equitativo para toda la sociedad están siendo desviados de su camino.