Es la principal entidad que agrupa a la mayor cantidad de instituciones prestadoras de salud privada de la Provincia. Se trata de la Asociación de Clínicas, Sanatorios, y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba. Desde allí se mantienen muy activos en cuanto a lo que está sucediendo desde el comienzo de la pandemia y el ASPO en Córdoba.
Punto a Punto dialogó con el Presidente de la entidad, Juan Gras y con el Secretario, Ignacio Escuti.
-¿Cuánto influyó la pandemia en la industria, particularmente en el sector privado?
-El sector privado de la salud se encuentra sumergido en una crisis que data de antaño y cuyo antecedente concreto se remonta al año 2002, cuando fue declarada la Emergencia Sanitaria por el Presidente (Eduardo) Duhalde. La emergencia fue prorrogada por todos sus sucesores y está en vigencia actualmente. En 2019 nuestros asociados solicitaron la apertura de un procedimiento de crisis ante el Ministerio de Trabajo por la situación crítica que se atravesaba, presentación que tuvo réplicas en todas las provincias. Fue con la llegada de la pandemia que se profundizó la crisis y también se evidenció lo que veníamos señalando. El esfuerzo del sector privado y sus camas son recursos que se encuentran a disposición de la población en general y el cierre de clínicas (se cerraron el 75% de las clínicas en Córdoba desde el inicio de la emergencia) importa un de terioro directo del sistema sanitario y una reducción de su capacidad: se perdieron camas, respiradores, terapias, salas de parto, etc.
Los problemas del sector son estructurales, ya que por un lado no puede trasladar a precio sus costos; el precio los fija el financiador (en el 90% de los casos es el Estado); no existe una política tributaria destinada al crecimiento y sostenimiento del sector, tanto a nivel nacional como provincial o municipal la presión tributaria es insostenible; la inflación es superior a la de otros sectores y gran parte del equipamiento o insumos son importados. También, la pandemia trajo una baja en la facturación general de los prestadores y un costo adicional por obras civiles destinadas a dividir áreas, un uso excesivo de Equipos de Protección Personal (EPP) con la suba de precios de los insumos y casi extinción de los plazos de pago, duplicación de guaridas por la atención exclusiva de pacientes febriles y sumamos a la cuestión estrictamente sanatorial la coyuntura del paro de transporte fue un golpe muy duro para nuestras instituciones, que debieron afrontar el traslado de su personal. Los prestadores se encuentran desde aquel entonces asfixiados por las políticas tributarias, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, se solicitó en su momento una reformulación de políticas tributarias y económicas para apoyar a este sector esencial que entraba en zona de colapso.
-¿Esta situación obligó a cambiar o acelerar planes, proyectos o inversiones que tenían para este año?¿Cuáles?
-Los proyectos vienen postergados desde hace tiempo, ya que el sector privado de la salud viene corriendo desde atrás y exige de un gran esfuerzo de sus actores para mantenerse en planes de sostenimiento tecnológico, con un alto componente de moneda extranjera y sin beneficios impositivos para la importación de equipamiento. Es casi imposible concretar inversiones cuando, por ejemplo, en los últimos dos años los costos fueron 64 puntos porcentuales mayores que los ingresos, es decir los costos incrementaron un 37% más que los ingresos percibidos. Basta ver los que sucede con una Unidad de Terapia Intensiva a febrero 2020 (pre Covid-19), que con un costo basal de $ 17.226 por cama ocupada por día, los principales financiadores de la Provincia nos reconocen menos de la mitad del costo, esto sin tener en cuenta el costo post-pandemia de esa UTI que se ubicó en $ 34.293.
A los fines de evaluar nuestro sector hay que comprender uno de sus fundamentos, y es que la capacidad instalada y la oferta de atención funcionan 365 días del año, y cualquier disminución o cierre es un menoscabo directo e inmediato en el sistema sanitario, municipal, provincial y nacional.
-En cuanto a cantidad de pacientes, en casi tres meses de aislamiento se ven hospitales y clínicas vacías, ¿Cómo se sobrevive?
-Es alarmante la postergación del cuidado de la salud por parte de la población debido al confinamiento. Las consultas e intervenciones quirúrgicas han caído un 50%, mientras que las prácticas de diagnóstico en más de un 75%. En primer lugar, debido a la cuarentena estricta y luego por el miedo de la sociedad, que sólo se están realizando atenciones médicos asistenciales urgentes y algunas necesarias. Veremos en los próximos meses las consecuencias de la discontinuidad en la prevención y atención de otras patologías no relacionadas con el Covid-19. Recordamos que nuestros prestadores cumplen con todas las normas de bioseguridad, provinciales y nacionales, que hacen también a la seguridad del paciente.
Por otra parte, con un plazo promedio de cobro de 90 días, prestadores y profesionales de la salud vienen afrontando sus obligaciones con los ingresos de la actividad pre-pandemia y será en el mes de julio donde el impacto de semejante caída en las prestaciones pondrá en jaque al sistema, lo que genera una situación de alerta máxima sin precedentes, donde las medidas adoptadas por las autoridades serán tan sólo un paliativo. Y sumado al desproporcionado incremento en los en los gastos, fundamentalmente debido al uso de Equipo de Protección Personal, las obras de infraestructura y las cuestiones coyunturales señaladas anteriormente.
-¿Se dio el contexto para terminar de implementar el concepto de telemedicina? ¿Hay que adaptar leyes?
-El coronavirus aceleró la necesidad del uso de sistemas virtuales o telemedicina, este cambio llegó para quedarse pero de ninguna manera puede reemplazar al acto médico tradicional: sirve para cierto seguimiento de pacientes, sea por ser necesario repetir una receta o ver estudios simples solicitados en un paciente ya estudiado. Con la tele-
medicina se puede indagar respecto de síntomas, pero el médico no puede hacer el control de signos y otras cuestiones que se evalúan en el consultorio. Se debe trabajar en un marco regulatorio para integrar a todos los actores: pacientes, grupo familiar, médicos, prestadores de salud, finan ciadores, Estado e industria. Con cambios acertados en leyes que permita la trazabilidad de datos y disponer de información precisa con seguridad permitirán mejorar la calidad de vida de la población. La regulación servirá también para la fácil aceptación de los financiadores (obras sociales, prepagas, etc.) de los avances tecnológicos que muchas veces que dan rezagados en virtud de exigencias de supuestas auditorías.