Síntesis
Durante los últimos 10 años, los costos de prestaciones de salud en Argentina han crecido sistemáticamente, en un contexto macroeconómico de alta inflación y frecuentes depreciaciones cambiarias. En el caso de una UTI Adulto, sus costos se incrementaron 1,548.7% en 10 años, es decir, se multiplicaron por 16.5 veces.
Esto no sería un problema para la sustentabilidad de las instituciones prestadoras de servicios de salud sino fuera por el retraso de las tarifas de los financiadores, agravado por la disparidad de valores entre ellos, lo que implica diferente magnitud del problema de desfinanciación en distintas instituciones, dependiendo de la composición de sus ingresos por financiador y por prestación. En el caso de una UTI Adulto, los atrasos en dos financiadores importantes en la provincia de Córdoba ascienden al 59.1% y al 92.4%, reflejando la disparidad mencionada.
Estos serios problemas de sustentabilidad se agravaron con la irrupción de la pandemia de Covid-19, que obligó a las instituciones médicas a tomar un conjunto de decisiones que incrementaron sus costos, como la compra de equipamiento adicional, la inversión en reformas edilicias necesarias para separar pacientes con o sin Covid-19, la compra de equipos de protección personal, la suspensión de prácticas y cirugías programadas, entre muchas otras. En el caso de una UTI Adulto, esto multiplicaría por 2 a los costos, y por múltiplos mayores en caso de bajas tasas de ocupación.
En este contexto, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) en el cual el Gobierno Nacional incluyó a las empresas prestadoras de servicios de salud, implicó un alivio de entre el 8.8% y el 13.6% en los costos, si se toma como referencia una UTI Adulto Covid-19, dependiendo de la tasa de ocupación.
Los escenarios a futuro implican prever mayores costos de prestación y menores recursos disponibles financiarlos, y esto obliga a una discusión profunda al respecto.
El Foro de Análisis Económico de la Salud de ACLISA propone una agenda de trabajo que incluye: (a) estudio en profundidad de las estructuras de costos de cada prestación, (b) elaboración de propuestas de políticas públicas para reducir costos de prestación, (c) estudio en profundidad de los recursos de las obras sociales a corto, mediano y largo plazo de acuerdo con las tendencias demográficas y económicas que inciden sobre ellos, (d) propuestas de definición de Programa Médico Obligatorio (PMO) de acuerdo a los recursos disponibles y alternativas para la financiación de prestaciones de alto costo no incluidas, (e) análisis de los distintos esquemas de financiación a los prestadores de salud, (f) evaluación de la posibilidad de extensión del Programa ATP.