• Dicen que reciben menos de un tercio de lo que cuesta la internación.
• Advierten que seguirán cerrando prestadores.
• Las prepagas, también en crisis.
• Y dicen que lo peor aún no llegó.

Hay una crisis de proporciones gigantescas en gestación. No se advierte todavía, pero ya aparecen algunas señales: el sistema de salud en la Argentina está al borde del colapso.

La creciente ocupación de camas por Covid es el corolario de un combo extremadamente preocupante: la caída del empleo implica menos afiliados que aportan; los que están tienen salarios cuasicongelados y por ende, aportes más bajos en términos reales; los costos en salud crecen por encima de la inflación pero no se reconoce en las prestaciones ni se admite en las cuotas de las prepagas y el Estado, desbordado por la pandemia y con recursos limitados, todavía no la ve ni cuadrada.

Es más, se concentró en su quinta propia y desatendió al sector privado, que hoy está al borde de la quiebra y, paradójicamente, no quiere ampliar su capacidad de atención porque eso sería fundirse más rápido.

Todos los actores están complicados. El 35% de 45 millones de argentinos no tiene cobertura social y demanda atención en el hospital público; 15% paga una cobertura privada y la mitad cuenta con seguridad social: el 50% está en obras sociales sindicales, 30% en obras sociales provinciales, como Apross y 20% en Pami.

Esta semana, la obra social del personal docente, Osplad, se presentó en concurso de acreedores, no por la pandemia, sino por una administración deficiente que se arrastra desde hace años.

Hay al menos otras 10 muy complicadas. De las 314 obras sociales sindicales que existen en el país hay sólo 24 que están en condiciones de cumplir el Plan Médico Obligatorio.

Las suspensiones al 75% acordadas al inicio de la cuarentena dejaron a salvo el aporte a la obra social y la CGT logró que el Estado les compensara la caída de aportes. Así, todos los meses, cada obra social recibió la diferencia entre su recaudación de ese mes y lo que había entrado en marzo.

Un ejemplo: en agosto, la Superintendencia de Servicios de Salud le giró a la obra social del personal de turismo, hotelero y gastronómicos 141,7 millones de pesos; 39,1 millones a los petroleros privados y 35,9 millones a la construcción.

Por esta vía, desde abril a agosto, giró ya 4.100 millones de pesos. Aunque no lo admitan, lo cierto es que muchas pudieron “hacer caja”, dada la drástica caída del gasto médico.

En este segmento lo peor está por venir: primero, porque todas las patologías retenidas en algún momento habrá que atenderlas (y pagarlas) y, segundo, porque hay mucho desempleo contenido por la prohibición de despido y, aún los desvinculados, tienen todavía tres meses de cobertura.

Se calcula que habrá, cuando todo esto pase, un millón de empleos formales menos de los seis millones iniciales.

Prestadores

La enorme dispersión entre las obras sociales contrasta con la marcada concentración que se advierte entre los financiadores privados y los prestadores, que son los que atienden al afiliado, cada uno con su cruz a cuestas.

“Los que están muertos son los prestadores, a quienes les hicieron cerrar las clínicas para esperar el aluvión de Covid, que en su momento no llegó y están semivacíos”, explica el economista Jorge Colina, asesor de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la República Argentina (Adecra).

Según un relevamiento de la entidad, el 92% aumentó su deuda en la pandemia (comercial, impositiva o financiera), el 90% está sufriendo algún tipo de atraso en su cadena de pagos y todas tuvieron caídas sustanciales en la ocupación que no es Covid.

En agosto, la caída interanual en cirugías es todavía del 59%. Esto significa que tuvieron menos ingresos, con tres agravantes. Uno es que tanto Pami como Apross, en Córdoba, pagan con valores de 2019. Lo segundo es que la política de descuentos que la Provincia le aplica el sistema privado.

“Estamos todos fundidos, cansados y llenos y nos sacan del 6 a 7% por la cápita del Pami y el Apross nos amenaza con que nos van a quitar los presupuestos asignados”, subraya Ignacio Escuti, secretario de Aclisa, la entidad que en Córdoba agrupa a 32 centros de salud.

Por mes, cada prestador Pami recibe una cápita de alrededor de mil pesos. Cada efector tiene una población asignada, pero si un paciente asignado al Italiano, por ejemplo, se atiende en un hospital público de autogestión, Salud le descuenta esa prestación de la cápita que Pami le paga al efector. “Pero el tema es que el Estado me lo factura a valores altísimos que no nos paga a nosotros. Me debitan la consulta por 700 pesos, cuando el Apross me la paga a menos de 400 pesos y el Pami la tiene catalogada en la cápita en 200”, dice Juan Gras, director del Hospital Italiano y presidente de Aclisa. Cuestiona que brinda prestaciones sin avisarles antes, como manda la ley de autogestión y que no tienen posibilidad de auditar lo que se les cobra. Es más: Gras sostiene que el ministro de Salud Diego Cardozo les prometió que se iban a suspender los débitos.

“Así como tenemos que poner las camas a disposición del Covid sin especular en atender lo que sería conveniente, el sector financiador debería apoyar económicamente para mantener las instituciones en toda su capacidad”, agrega Gras.

Los prestadores están sobreviviendo por ahora porque tienen el ATP hasta diciembre, que paga una parte de los salarios del personal, pero que no alcanza a compensar los ingresos que no se tienen por la falta de actividad. Con un agravante recurrente: muchos insumos están dolarizados y todos los insumos sanitarios, que se usan más, aumentaron sideralmente de precio. Una mascarilla quirúrgica cuesta 255% más hoy que en diciembre pasado.

El tercer agravante es casi conceptual, de estrategia sanitaria ante el Covid. En Córdoba, las camas críticas que agregó el sector privado las sumó con esfuerzo propio, sin ninguna ayuda de la Provincia, que tampoco después se las compensa al usarlas. Hoy, una UTI de 24 camas para pacientes Covid cuesta 34.293 pesos diarios si están todas ocupadas y 105.984 pesos si se ocupa sólo el 10% del piso, según el sistema de costos estadísticos que elabora el economista Gastón Utrera para Aclisa. Pero Apross paga 8.592 pesos el día de internación UTI y 10.825 si tiene respirador, con un agravante insólito: no recibe a ningún positivo de Covid en el Polo Sanitario si el afiliado tiene cobertura social.

El temor es que, una vez pasada la espuma de la pandemia, el sector sufra otra ola de concentración. Hoy quedan en la provincia menos de 100 centros privados de salud, el 25% de los que existían hace 20 años. Sólo 50 de las 427 ciudades y comunas de la provincia tiene algún prestador privado.

“Si el Estado, que es el financiador del 85% de la salud en Córdoba, no nos apoya, seguirán cerrando instituciones”, advierte Gras. El planteo es que el Estado creó un fondo de emergencia para el sector público, pero al privado ni las gracias. No sólo que no hubo inversión directa, sino que paga mal y les deriva todos los pacientes Covid con el argumento de que tienen cobertura.

Cirugías. En agosto, la caída interanual en cirugías es todavía del 59%. Esto significa que las clínicas tuvieron menos ingresos, con varios agravantes. Uno es que tanto Pami como Apross, en Córdoba, pagan con valores de 2019.

70% de los cordobeses se atiende con prestadores privados. Aunque es el Estado el que paga dos tercios de esas prestaciones, sea a través de Apross o del Pami.

314 obras sociales sindicales en Argentina. Hay varias incluso por rama de actividad, lo que hace poco sustentable y eficiente al sector.

75% de los prestadores privados cerró en los últimos 20 años. Hay oferta de salud privada en apenas 50 de las 427 localidades de la provincia.

 

LAURA GONZÁLEZ, La Voz