En el mercado de la salud existen múltiples imperfecciones dado que la sanidad se constituye como un bien preferente: no resulta aceptable en la sociedad que una persona se vea en situación de pobreza por el costo de su enfermedad, o su salud se vea afectada. De esta manera, resulta imperativo garantizar el mayor acceso a este servicio. En particular, el Sector Privado no solo permite aliviar las cuentas públicas a la hora de proveer sanidad, sino que también contribuye a extender su alcance y eficiencia.
No obstante, en este contexto donde la inflación de costos se ha vuelto crónica, este sector no tiene la posibilidad de trasladar los aumentos de sus costos al precio de sus ingresos, lo cual se visualiza al comparar la evolución del Índice de Costos e Ingresos IERAL. 

Asimismo, la pandemia por COVID-19 empeoró el estado de situación del sector. De esta manera, el sector prestador de salud de gestión privada se ve afectado tanto por factores estructurales, como por factores coyunturales que no acaban. Al mismo tiempo, la dicotomía “economía o salud” que se presentaba a comienzos del 2020 no estuvo del lado de estas instituciones prestadoras las cuales debieron enfrentar caídas de actividad por los aislamientos estrictos que mermaron sus ingresos frente a costos fijos y con valores actualizados.
 

El sector no tiene respiro. A pesar de que el ATP permitió un cierto alivio en los momentos más crudos de la cuarentena, su reemplazo en el primer trimestre 2021 por el REPRO II, propone un menor financiamiento para las clínicas y sus empleados en una situación que se torna crítica por el aumento de casos y pacientes hospitalizados por COVID-19. Este programa a su vez, coloca a las instituciones sanitarias de gestión privada frente a la espada y la pared: si superan el 35% de la facturación del mismo mes del año anterior, pueden llegar a perder este beneficio. El sector prestador de salud de Córdoba no quedará inmune al cierre de clínicas y sanatorios como sucedió en la provincia de Buenos Aires si se ignora su estado de situación.

Índice de Costos vs Índice de Ingresos

A pesar del recupero del nivel de ingresos evidenciado a partir del cuarto trimestre 2020 y en los primeros tres meses del 2021 bajo estudio, el Índice de Costos evoluciona muy por encima del Índice de Ingresos. Esto se debe principalmente a que los prestadores de salud privados no son capaces de trasladar el aumento de sus costos al valor de sus ingresos. En el escenario Efectivo en Pandemia que refleja la situación más realista vivenciada por el sector, la brecha entre el Índice de Costos y el Índice de Ingresos resultó del 51% en el primer trimestre 2021. Este valor es acrecentado al analizar el Índice de Costos en el escenario COVID19, donde la ayuda estatal no es considerada y la brecha es del 70%. En este caso, el Índice de Ingresos COVID-19 coincide con el Efectivo en Pandemia donde se agregan los Módulos COVID19 de APROSS.

Si el coronavirus COVID-19 y su propagación por el mundo no hubieran existido, el escenario tradicional reflejaría una posible realidad del sector. Esta alternativa base encontraría a los Costos un 46% por encima de los Ingresos. Es importante aclarar que durante el año pasado los ingresos permanecieron estancados, en parte, por la intención de no actualizar el valor de las prácticas para garantizar el servicio a todas las personas. Este efecto no fue deducido del Índice de ingresos para calcular la brecha en el escenario tradicional, lo que podría suponer una sobreestimación del último valor mencionado. No obstante, la brecha en el primer trimestre 2020, donde los efectos de la coyuntura no habían desestabilizado aún los esquemas del Índice, fue del 36%, lo cual constituye un límite inferior a la brecha resultante en el escenario tradicional del primer trimestre 2021.

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